SOBRE DECRETOS DE URGENCIA EN SALUD Y SU ALCANCE REAL: MEDICAMENTOS

El Gobierno publicó el el diario El Peruano el decreto de urgencia que tiene por objeto declarar el acceso a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud, y disponer medidas para garantizar su disponibilidad. Así, el Decreto de Urgencia Nº 007-2019, señala que dicha norma tiene por finalidad modernizar, optimizar y garantizar los procesos necesarios para el abastecimiento de los recursos estratégicos en salud, permitiendo que los mismos estén disponibles y sean asequibles a la población.

Esta norma además indica que el Ministerio de Salud (MINSA) debe implementar medidas para promover el uso de medicamentos genéricos con denominación común internacional y de productos biosimilares, con la finalidad de mejorar el acceso a la población. Estas medidas abarcan los aspectos de producción, importación, calidad, distribución, prescripción, dispensación, uso e información de estos a la población y a los profesionales de la salud.

Cabe preguntarse al momento de esta lectura: ¿Esta normativa permitirá que en la totalidad de establecimientos MINSA cuenten con los medicamentos genéricos? ¿La distribución se encontrará disponible a todo momento del día? ¿Qué garantías se ofrecen para que el asegurado no tenga que gastar de su bolsillo si faltara algunos de ellos? ¿Existe un monitoreo estratégico para poder subsanar falencias en el proceso?

Esto lo mencionamos debido a la problemática de concertración en la comercialización y distribución de fármacos a nivel de los establecimientos particulares, los cuales se ven directamente beneficiados por las medidas subsidiarias que reciben al garantizar un stock mínimo de medicamentos, lo cual limita la capacidad negociadora por parte del Estado por una falta de estrategias para sopesar el carácter corporativo de los entes privados

Esta situación se refleja en la Resolución Ministerial N° 1097-2019/MINSA, donde se publica la lista de medicamentos genéricos esenciales que deberán venderse obligatoriamente en farmacias, boticas y servicios del sector privado, las cuales solo están destinadas para males respiratorios, diabetes, hipertensión, salud mental, infecciones por hongos, entre otros. Esta limitación de tratamientos a ser brindados no hacen sino dar herramientas por parte de los proveedores en acordar precios a su conveniencia.

En este sentido, ¿Qué papel corresponde a la ciudadanía y al personal sanitario? En estos aspectos, no sólo parte de exigir mayor acceso sino que sea de manera integrada, sino que debe guardar relación también con la cobertura que debe garantizarse a nivel de cada región -según su característica de morbilidad- como también en repotenciar el abastecimiento a nivel del sector público, el cual debe de dejarse de ver desde una perspectiva focalizada para pasar a integrar coberturas complejas, donde existe en la actualidad un mayor gasto de bolsillo por parte de la población menos favorecida. La sostenibilidad financiera de estas normas son otro punto clave, acompañadas de una decisión política en encausar las normativas para poner límites a la concertración de precios. El dejar pasar para otro momento dicho análisis no hace sido pauperizar las condiciones de quienes necesitan un acceso oportuno para atenderse.

ESSALUD Y SUS BRECHAS ASISTENCIALES

En una entrevista reciente, la presidenta ejecutiva de ESSALUD, Forella Molinelli, ha declarado que existe una propuesta -remitida a través de un informe de la OIT- destinada a reducir las brechas asistenciales, estimándose ésta a nivel de infraestructura en S/ 32,000 millones, y en recursos humanos se calcula en 9,000 enfermeras y 5,000 médicos que necesitaría para asegurar la atención de los asegurados dentro de los tiempos oportunos.

Para ello, con el fin de aprovechar los recursos disponibles, ha señalado también el uso de infraestructura de la Sede Central -esto en relación a la Torre Trecca- para las atenciones ambulatorias de asegurados a nivel de Lima y Callao. Cabe señalar que dicho edificio cuenta con más de 50 años de iniciado su construcción, y requiere de la habilitación urbana correspondiente, la cual ha sido prometida en numerosas ocasiones. Esto sólo para dar un panorama con respecto a la problemática de contar con una infraestructura adecuada, la cual junto al recurso humano, equipamiento e insumos suelen limitar la oferta de servicios.

En este contexto, es oportuno preguntarse ¿De dónde se estimó la brecha de recursos en ESSALUD?, ¿Se ha considerado las variables poblacionales y de tipo de prestaciones que se brindan a los asegurados? ¿Cuáles son los criterios que han predominado para un cálculo exacto como el presentado por la Presidencia Ejecutiva?

Hacemos estas interrogantes debido a que la OMS ha establecido dentro de sus acuerdos el "Proyecto de estrategia mundial de recursos humanos para la salud: personal sanitario 2030", cuya perspectiva busca acelerar el logro de la cobertura sanitaria universal y los objetivos de desarrollo sostenible, garantizando el acceso equitativo al personal de salud dentro de sistemas de salud reforzados. Así, se establecen objetivos estratégicos destinados a lograr el máximo desempeño, calidad e impacto del personal de salud mediante políticas de recursos humanos para la salud; alinear la inversión en recursos humanos para la salud con las necesidades presentes y futuras de la población y de los sistemas de salud; fortalecer la capacidad de las instituciones en el plano subnacional, nacional y regional y mundial; y reforzar los datos sobre los recursos humanos para la salud, a fin de supervisar la aplicación de las estrategias nacionales y regionales

Este aspecto comprende en nuestro entorno al Seguro Social, dado que es un ente público encargado tanto de la prestación de servicios como de su respectivo financiamiento, y cuyo funcionamiento guarda relación con lo normado por el ente Rector. Dicho esto, existe una postergación de la política de recursos humanos a nivel del Sistema Nacional de Salud que no ha resuelto aspectos como las competencias de los profesionales de la salud, la organización de los servicios y la brecha tecnológica y de infraestructura, situación que alcanza también a ESSALUD, cuyas Gerencias y Oficinas Centrales deberían efectuar una evaluación permanente de recursos, y que, lamentablemente, no han propuesto una política que se actualice de manera continua en relación a la demanda de servicios y mejora de la oferta según los avances tecnológicos.

Dicho esto, debería invitarse a reflexionar en cómo gestionar la dotación de recursos a nivel del Seguro Social, cuyos lineamientos mínimos deben comprender la sistematización de una metodología para el estudio de la brecha oferta-demanda a nivel nacional, que incluya el análisis de la demanda de los asegurados por cada servicio de salud, establecimiento y región, optimizando los recursos en los diversos servicios a nivel nacional, determinando el requerimiento de equipos, instrumental y recursos humanos de acuerdo al nivel de atención y población adscrita, evaluando el proceso asistencial para el uso eficiente y racional de los recursos humanos por grupo ocupacional y con ello la necesidad de los mismos en función a la infraestructura y equipamiento para determinar las posibilidades de oferta de cada establecimiento, así como analizar y ofrecer alternativas que incluyan una política de reubicación y desplazamiento del personal dentro de la Red, entre otros aspectos destinados al fortalecimiento de los anillos de contención en las Redes de ESSALUD.

En este sentido, un estudio real de recursos asistenciales permite contribuir para una definición integral de las necesidades y prioridades de atención de la población -sobre criterios epidemiológicos-, y el cálculo de la brecha oferta-demanda para fines de programación, así como identificar las distorsiones presentes, posibilitando el diseño de estrategias correctivas, en relación a recursos humanos, adscripción de asegurados, presupuesto, entre otros que permitan su adecuada y oportuna atención.

SALUD MENTAL: ¿UNA LUZ ENTRE LAS SOMBRAS?

No hace mucho se ha inaugurado el Centro de Salud Mental Comunitario Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Éste se ha caracterizado por ser el primero de su tipo, pero desde el Ministerio de Salud se ha asegurado que habrá por lo menos 22 centros más, siendo el próximo a inaugurar el de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Desde una perspectiva institucional, se trata de una política que podría lograr un impacto favorable en los jóvenes. Esto en relación de que los trastornos socioemocionales abundan en los campus universitarios peruanos. Al respecto, se afirma que en el Perú, cerca del 30% de los universitarios abandona su carrera por diferentes motivos, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial realizado el 2018.

Asimismo, esta política  viene impulsada por las situaciones similares que se observan en varios países de la región. En Colombia, por ejemplo, la tasa de deserción universitaria llegaba al 45% en el año 2008, como consecuencia, entre otros factores, de problemas psicológicos y emocionales. Desde ese momento, el gobierno ha procurado implementar estrategias de detección y manejo de la salud mental en los estudiantes, los cuales han sido analizados para recoger experiencias así como se vienen estudiando alternativas que procuran estimular la continuidad de los estudios de parte de los estudiantes.

Dentro de este contexto, los problemas de salud mental han sido tomados también como una preocupación del gobierno peruano, por la que viene iniciando una serie de acciones para preservarla a nivel de los distintos grupos poblacionales. Cabe aquí hacerse una interrogante: ¿Hasta dónde puede alcanzar la implementación de una política de salud mental a nivel de la colectividad?

Esta preocupación parte desde la certeza que los trastornos mentales empobrecen a quienes lo padecen y a sus familias, llegando a situaciones extremas de abandono y exclusión social, en donde las dimensiones de la carencia, la privación o la marginalidad son los rasgos que habitualmente se destacan. Según la OMS, la depresión prevalece de 1,5 a 2 veces más entre las personas de bajos ingresos; los niños que viven en pobreza se encuentran más expuestos a enfermedades médicas, estrés familiar, apoyo social inadecuado y a la depresión de los padres. Así, la pobreza se asocia con la falta de apoyo y de estimulación, ambientes caóticos, estrés psicológico y disfunción familiar, siendo así los trastornos mentales, los problemas psicosociales y la pobreza parte de un círculo vicioso.

Dicho esto, existe también una fuerte relación de asociación de la enfermedad mental y los problemas psicosociales con otros problemas sociales además de la pobreza, tales como el pobre rendimiento escolar y su deserción en los diferentes estratos, la deficiente productividad en los centros laborales, la inseguridad ciudadana, la drogadicción y su impacto en la familia disfuncional, los medios de comunicación masivos, la corrupción a nivel institucional e informal y la violencia -tanto a nivel grupal como familiar-; que afectan a la comunidad en el desarrollo humano, competitivo y equitativo de nuestro país.

Y es aquí donde el estudio de la salud mental a nivel de la ciudadanía adquiere una responsabilidad política y social, dado que es objeto de estudio de especialidades como la psiquiatría, la cual analiza el proceso de enfermedad-salud mental, y cuyos aportes se convierten en una herramienta que contribuye con alcanzar el desarrollo del potencial humano y social. Dentro de estos aportes, el modelo comunitario de la salud mental viene a ser una herramienta que merece ser profundizada, dado que permite la realización de la teoría dentro de la dinámica histórica, social y territorial. Para ello, se debe incluir de manera estratégica en ésta la gestión del conocimiento en su implementación, a fin de generar nuevos aportes dentro del ámbito científico y tecnológico.

En este sentido, los aportes que se vienen brindando con respecto a la salud mental se deben implementar dentro de las políticas públicas de manera integral, dado su responsabilidad política y social, a fin para incorporar la salud mental como indicador de desarrollo, cuyo monitoreo debe ser permanente y no sólo ligado aspectos de producción, sino en resultados que reflejen la eficacia de estas políticas.

Asimismo, a nivel de las instituciones como las universidades,institutos e hospitales, se deben de adaptar a las innovaciones y aportes que viene rea,izando la Psiquiatría, lo cual  implica replantear los programas de enseñanza, la promoción de la salud mental, la prevención de los trastornos mentales, el diagnóstico integral, el tratamiento holístico y la recuperación del paciente y la familia para lograr - con la aplicación de estos conocimientos- el desarrollo humano y el buen vivir, contribuyendo con el entorno social y ambiental de manera sostenible.

SOBRE EL FIDEICOMISO COMO ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO EN SALUD

Como ya se tiene conocimiento, el Ministerio de Salud (MINSA) tiene planeado efectuar contratos bajo la modalidad de Asociaciones Público Privadas (APP) a nivel de seis Hospitales de Lima Metropolitana, empezando por establecimientos de segundo nivel (Hospitales de Villa el Salvador, Vitarte y de Huaycán), y cuya meta es alcanzar que más del 70% de los hospitales -dentro de esta jurisdicción- sean operados bajo esa modalidad en los próximos cuatro años.

Se ha señalado que el motivo por el que se habría tomado esta medida es la demanda de servicios por parte de la población no asegurada, además de que la mayoría de establecimientos carecen de infraestructura y equipamiento renovado. Asimismo, se ha mencionado que los siguientes hospitales que se están evaluando son el Hipólito Unanue, Cayetano Heredia y Maria Auxiliadora en Lima, y establecimientos a nivel de Tacna, Junín, Ayacucho y San Martín.

Al respecto, tanto organizaciones gremiales como los colegios profesionales vienen desde hace tiempo realizando cuestionamientos sobre el propósito de este tipo de concesiones, dado que no se evidencian resultados en el servicio prestacional debido a una atención restringida a los usuarios, los cuales se ven reflejados en la persistencia de tiempos de espera en la Redes Asistenciales a las cuales pertenecen. Esto sin mencionar que -coyunturalmente- se vienen evidenciando a nivel de concesiones en general -donde se incluyen las APP- actos ilícitos que han generado en sus casos representativos crisis que trascienden el aspecto técnico e implican a la esfera política de quienes estuvieron al mando en los últimos decenios.

Siendo este panorama poco alentador, queda como pregunta ¿Cuál podría ser una alternativa que permita la mejora de servicios sanitarios a nivel de los establecimientos de salud, cuya inversión pueda permitir tanto rapidez como transparencia a nivel gubernamental, como también por parte de las entidades que participan para su financiamiento y ejecución?

En este punto, expondremos sobre una de las alternativas de financiamiento para el desarrollo de nuevos proyectos como de mejora de los existentes: el fideicomiso. El fideicomiso es una relación jurídica por la cual una persona (fideicomitente) transfiere bienes en fideicomiso a otra persona (fiduciario) para la constitución de un patrimonio (fideicometido), sujeto al dominio fiduciario de este último y afecto al cumplimiento de un fin específico en favor del fideicomitente o de un tercero denominado fideicomisario (beneficiario). Esto de acuerdo a lo descrito en el marco normativo vigente.

Visto de manera práctica, es un contrato bilateral entre el fideicomitente y el fiduciario, salvo en casos donde el fideicomisario (beneficiario) intervenga en el contrato, donde cuyas modificaciones a las condiciones pactadas en el mismo deben contar con su consentimiento. Otra de las características señaladas es que el patrimonio es inembargable y se encuentra fuera de la masa concursal, dado que que el patrimonio no responde por las deudas de los tres entes participantes.

Dentro de este contexto, los concursos para seleccionar una empresa encargada del proyecto son más sencillos y requieren menos tiempo, se usan mecanismos para financiar la obra más fácilmente y se respetan los plazos establecidos previamente.

En el caso latinoamericano -y de nuestro entorno- se ha observado que se encuentran ejemplos de su aplicación a nivel de gobiernos regionales y municipales donde se hallan involucrados las entidades públicas, aparte de las que cuentan como fiduciarias al sector privado. Dentro del sector salud este aspecto no ha sido desarrollado. No obstante, en otros ámbitos se ha visto ejemplos de participación de entidades públicas relacionadas al ámbito sanitario. Así, existe el ejemplo de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) como fideicomitente, quien aporta los recursos (terrenos, edificaciones,  flujos de caja) y asume los riesgos (atrasos, sobre-costos); y al  al Banco de Costa Rica (BCR) quien actúa como fiduciario, cuyo rol está definido como administrador de los recursos, siendo éste diferente al caso de concesión de obra pública (APP), dado que no asume los riesgos a diferencia de este último. Es decir, el rol del BCR (fiduciario) es administrar los recursos y el de la CCSS (fideicomitente) es demarcar la cancha y dar las instrucciones.

En este sentido, sería bueno explorar otras alternativas como la expuesta, medir sus alcances y evaluarlos en consonancia con sus limitaciones, dado que se cae en la omisión -involuntaria o no- de considerar que sólo existe una receta (concesiones, APP) para asegurar la provisión de servicios sanitarios a la población, sobre todo al tener ésta cuestionamientos justificados, cuando en otros lares se vienen visualizando resultados bajo otras modalidades que pueden contribuir a mejorar la oferta prestacional en beneficio de la ciudadanía.

¿QUE ES LO QUE QUEDA LUEGO DE LA DESACTIVACIÓN DEL IGSS?

Para entender el actual contexto de la gestión de Redes de Salud a nivel de Lima Metropolitana por parte del ente rector, es necesario conocer cómo se empezaron agrupar dichos órganos a través de las últimas dos décadas:

Hacia el 2003, se establecieron nuevas Redes de Salud a nivel de Lima Metropolitana, las cuales involucraban la gestión de Hospitales pertenecientes al segundo y al tercer nivel; esto dentro del contexto de la creación del Seguro Integral de Salud, que empezó a extender su cobertura de las poblaciones materna y escolar a aquellas poblaciones de bajos recursos económicos.

En relación a aquello, se observó que no se contaban con nuevos establecimientos dentro del primer nivel que pudieran generar la contención de demanda por parte de la nueva población asegurada, esto aunado a que muchas de las atenciones terminaban en ser derivadas para asistencia especializada. Conforme se han efectuado incorporaciones de población en este seguro, este tipo de atenciones ha terminado por sobrepasar la capacidad resolutiva de los establecimientos especializados.

Es en estas circunstancias que, dentro de las iniciativas legales facultadas al poder ejecutivo, se consideró en efectuar cambios en la gestión de servicios (dentro de la llamada "Reforma de la Salud"), lo cual generó la necesidad de crear un ente que ayude a re ordenar este tipo de atenciones así como reorganizar la gestión de Redes en la ciudad capital, creándose el Instituto de Gestión de Servicios de Salud para tal fin.

En este punto cabe señalar que, antes del 2014, el MINSA tenía como órganos desconcentrados a las DISAs que eran las encargadas de ejercer la autoridad de salud por delegación de la Alta Dirección -por tanto dependían directamente de él-, y su ámbito de acción estaba circunscrito a Lima Metropolitana. Recordemos que en el año 2009 MINSA terminó de transferir la competencia y funciones en salud -incluyendo la prestación de servicios de salud- hacia los Gobiernos Regionales, excepto en Lima Metropolitana. Así, las DISAs tuvieron a su cargo a las Direcciones de Redes de Salud y los Hospitales. De la misma manera, los institutos especializados también fueron órganos desconcentrados del MINSA.

En el DL 1167 de creación del IGSS se establece que éste es competente para la gestión, operación y articulación de las prestaciones de servicios de salud de alcance nacional pre hospitalarios, y prestaciones de servicios de salud hospitalarios en los Institutos Especializados y Hospitales Nacionales; así como de las prestaciones de servicios de salud de los establecimientos de Lima Metropolitana; brindando asistencia técnica en la prestación de servicios de salud hospitalarios a los Gobiernos Regionales. De la misma manera, los órganos de línea componentes del Instituto estuvieron diseñados a atender los diversos servicios componentes de la atención sanitaria, tal como se describe en la siguiente imagen:

Sin embargo, durante su funcionamiento como entidad, ha recibido cuestionamientos por parte de los estamentos profesionales como de los representantes legislativos, esto en el sentido de que la mayoría del presupuesto invertido ha sido dirigido a actividades administrativas antes que en el fortalecimiento de servicios dependientes de esta entidad a nivel de la capital. Esta situación se ha evidenciado más aún cuando el MINSA comunicó que el Estado no ha invertido en los establecimientos del primer nivel de atención y que los pacientes, al no contar con este servicio, tienen como única salida ir a los hospitales.

En ese contexto, el Legislativo consideró que con la desactivación del IGSS corresponderá al Ministerio de Salud asumir las competencias y funciones de este instituto para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios de salud que corresponden, transfiriendo las competencias ,funciones, presupuesto, recursos, acervo documentario y bienes del IGSS. 

Si observamos las exposiciones de motivos descrita en la ley de derogación, vemos que existen cuestiones de forma en las cuales el Instituto no ha cumplido expectativas. No obstante, el concepto de re ordenamiento se ha visto afectado al perderse una oportunidad de mejora dentro de lugares donde la sobrecongestión de servicios es un tema cotidiano. Esto en relación a que las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS) creadas luego de su desactivación no han contribuido a la descentralización de responsabilidades del ente rector, en relación a su organización, flujo de prestaciones y financiamiento, las cuales se asemejan al panorama descrito a inicios del decenio pasado, bajo una lógica de reducción de presupuesto que merma las capacidades del primer nivel de atención de funcionar como un anillo de contención efectivo.

En este sentido, es necesario dar un enfoque distinto al análisis de la desactivación del IGSS, dado que el tiempo transcurrido desde su creación hasta la actualidad no ha hecho sino evidenciar las falencias en materia de gobernanza por parte del ente rector, aunado a normativas que merecen ser revisadas para facilitar el sostenimiento financiero a nivel de las bases y su monitoreo respectivo para garantizar una gestión eficiente, aspectos que aún dentro de la macro gestión del MINSA faltan desarrollar. 

PANORAMA LABORAL EN LAS AMERICAS Y EL CARIBE: 25 AÑOS

Han pasado 25 años desde que la OIT viene difundiendo el informe anual titulado Panorama Laboral, que ofrece una mirada a la situación del empleo, con datos y análisis sobre situaciones como la desocupación, el impacto de la situación económica y el déficit de trabajo decente. Asimismo, registra acerca de problemas de calidad en los empleos, o el aumento de la demanda laboral en sectores donde las condiciones no son óptimas, como los servicios.

En este contexto, se ha observado un aumento en el grupo de trabajadores por cuenta propia, usualmente asociados a condiciones de informalidad, frente a los asalariados, lo cual ha llevado que cerca de la mitad de la fuerza de trabajo regional tenga empleo informal, estimándose en 140 millones de trabajadores bajo estas condiciones. Asimismo, existe desventaja en los mercados laborales de las mujeres y los jóvenes; esto a pesar del incremento  en la participación laboral de las mujeres en América Latina y el Caribe, la cual es aún menor en más de 20 puntos porcentuales a los hombres, y en cuanto al desempleo juvenil, éste es tres veces más alto que el de los adultos, ocupando el 20% del total.

De la misma manera, otro de los problemas encontrados en este lapso ha sido el de la baja productividad, el cual tiene impacto sobre los resultados del mercado laboral, al ser un problema estructural. Esto guarda relación con tareas pendientes como la informalidad y la desigualdad, más la influencia de nuevos factores, como la automatización, la demografía, o los nuevos medios de producción y empleo. Dentro de ello, se debería considerar a partir de la actual situación otras alternativas las políticas laborales con un enfoque de equidad e igualdad de derechos, lo cual se expuso en una entrega anterior, y que cobra actualidad dentro del panorama laboral de los últimos años:

Tal como se muestra en los dos primeros gráficos, el nivel de desocupación ha estado usualmente anudado con el desarrollo de Producto Bruto Interno a nivel latinoamericano, cuyos puntos críticos presentados en forma cíclica han ocasionado el disparo en sus porcentajes. De la misma manera, se observa una relación inversa entre las tasas de ocupación y desempleo, en la cual la primera se ha caracterizado por un incremento ralentizado frente a picos en alza del segundo, lo cual manifiesta  la inestabilidad en el aspecto socio económico que caracterizaron a este lapso al incluir a los países miembros dentro del marco de la política neoliberal, la cual ha ido afectando a los estratos sociales intermedios (participación urbana) además de los menos favorecidos.

Respecto al salario mínimo, este ha presentado periodos donde han guardado relación directa con el PBI per cápita, y en los últimos años ha presentado un incremento a pesar de la contracción del segundo, sobre todo en las épocas de crisis económica (puntos críticos de los cuadros anteriores). En el caso peruano, en los últimos años, si bien es cierto la tasa de desempleo ha permanecido invariable,en el ámbito juvenil éstas han aumentado, lo cual advierte su precaria situación, esto además de la brecha salarial existente entre hombre y mujeres.

En este contexto, es necesario evaluar sobre los avances en la igualdad de derechos y acceso a oportunidades laborales, sobre todo en relación al género, donde se evidencia un débil  avance con relación a los soportes jurídicos, esto en relación a las normativas, propuestas de mejora y compromisos expuestos por los mandatarios nacionales en los últimos diez años. Esto debido a los resultados analizados a nivel regional tanto en las brechas de ocupación laboral como salariales, así como en las tareas pendientes en dicho rubro:

Así, se observa una disminución de la proporción femenina en la Población Económicamente Activa, más aún en la presente década, a pesar de presentar indicadores que se han mantenido estables, explicado esto más arriba. Esta situación se agrava al comparar las brechas de género en salarios tanto a nivel grupos etarios (sobre todo la población adulto joven, donde se ha mantenido e incluso aumentado el margen) como a nivel educativo (donde se han visto afectados aquellos con grado menor de instrucción).

Lo citado en los párrafos anteriores se acentúa a nivel de los grupos profesionales, en las cuales poco más del 50% de mujeres han logrado graduarse, y de las cuales la mayoría labora en profesiones relacionadas a tecnologías e información (TIC), que tienden de ser a futuro profesiones automatizadas (reemplazadas por aparatos), seguidas por profesiones relacionadas a la ciencia y matemática (STEM), las cuales han logrado el mayor incremento a nivel regional. En ese aspecto, se observa a nivel regional una mayor participación femenina a nivel del campo sanitario, donde se ofrece mejores remuneraciones  a condición de una mayor actividad asistencial, lo cual no incide necesariamente en reducir la brecha salarial y en la oportunidad de acceso equitativo a mejores condiciones de trabajo.

En este sentido, queda en evidencia que poco se ha logrado con estas medidas en mejorar el panorama laboral, sobre todo de jóvenes y mujeres, lo cual debe hacer reflexionar en que se debe contar no sólo con herramientas normativas sino también con decisiones políticas, las cuales deben hacer efectivo estos derechos. De la misma manera, debe reorientarse las políticas sociales a fin de reforzar el acceso a mejores oportunidades, teniendo a la estabilidad laboral como aspecto central, el cual ha ido perdiendo valor dentro de este modelo económico, y que ha guardado relación con la producción laboral decreciente que ha sido descrita anualmente en los informes regionales, siendo necesario para ello garantizar el acceso al mercado laboral sobre todo a poblaciones como la mujer y los jóvenes, cuyos derechos en este ámbito aún son marginados y de los los cuales se requiere brindar equidad y justicia para su bienestar.