SOBRE DECRETOS DE URGENCIA EN SALUD Y SU ALCANCE REAL: MEDICAMENTOS

El Gobierno publicó el el diario El Peruano el decreto de urgencia que tiene por objeto declarar el acceso a los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud, y disponer medidas para garantizar su disponibilidad. Así, el Decreto de Urgencia Nº 007-2019, señala que dicha norma tiene por finalidad modernizar, optimizar y garantizar los procesos necesarios para el abastecimiento de los recursos estratégicos en salud, permitiendo que los mismos estén disponibles y sean asequibles a la población.

Esta norma además indica que el Ministerio de Salud (MINSA) debe implementar medidas para promover el uso de medicamentos genéricos con denominación común internacional y de productos biosimilares, con la finalidad de mejorar el acceso a la población. Estas medidas abarcan los aspectos de producción, importación, calidad, distribución, prescripción, dispensación, uso e información de estos a la población y a los profesionales de la salud.

Cabe preguntarse al momento de esta lectura: ¿Esta normativa permitirá que en la totalidad de establecimientos MINSA cuenten con los medicamentos genéricos? ¿La distribución se encontrará disponible a todo momento del día? ¿Qué garantías se ofrecen para que el asegurado no tenga que gastar de su bolsillo si faltara algunos de ellos? ¿Existe un monitoreo estratégico para poder subsanar falencias en el proceso?

Esto lo mencionamos debido a la problemática de concertración en la comercialización y distribución de fármacos a nivel de los establecimientos particulares, los cuales se ven directamente beneficiados por las medidas subsidiarias que reciben al garantizar un stock mínimo de medicamentos, lo cual limita la capacidad negociadora por parte del Estado por una falta de estrategias para sopesar el carácter corporativo de los entes privados

Esta situación se refleja en la Resolución Ministerial N° 1097-2019/MINSA, donde se publica la lista de medicamentos genéricos esenciales que deberán venderse obligatoriamente en farmacias, boticas y servicios del sector privado, las cuales solo están destinadas para males respiratorios, diabetes, hipertensión, salud mental, infecciones por hongos, entre otros. Esta limitación de tratamientos a ser brindados no hacen sino dar herramientas por parte de los proveedores en acordar precios a su conveniencia.

En este sentido, ¿Qué papel corresponde a la ciudadanía y al personal sanitario? En estos aspectos, no sólo parte de exigir mayor acceso sino que sea de manera integrada, sino que debe guardar relación también con la cobertura que debe garantizarse a nivel de cada región -según su característica de morbilidad- como también en repotenciar el abastecimiento a nivel del sector público, el cual debe de dejarse de ver desde una perspectiva focalizada para pasar a integrar coberturas complejas, donde existe en la actualidad un mayor gasto de bolsillo por parte de la población menos favorecida. La sostenibilidad financiera de estas normas son otro punto clave, acompañadas de una decisión política en encausar las normativas para poner límites a la concertración de precios. El dejar pasar para otro momento dicho análisis no hace sido pauperizar las condiciones de quienes necesitan un acceso oportuno para atenderse.

ESSALUD Y SUS BRECHAS ASISTENCIALES

En una entrevista reciente, la presidenta ejecutiva de ESSALUD, Forella Molinelli, ha declarado que existe una propuesta -remitida a través de un informe de la OIT- destinada a reducir las brechas asistenciales, estimándose ésta a nivel de infraestructura en S/ 32,000 millones, y en recursos humanos se calcula en 9,000 enfermeras y 5,000 médicos que necesitaría para asegurar la atención de los asegurados dentro de los tiempos oportunos.

Para ello, con el fin de aprovechar los recursos disponibles, ha señalado también el uso de infraestructura de la Sede Central -esto en relación a la Torre Trecca- para las atenciones ambulatorias de asegurados a nivel de Lima y Callao. Cabe señalar que dicho edificio cuenta con más de 50 años de iniciado su construcción, y requiere de la habilitación urbana correspondiente, la cual ha sido prometida en numerosas ocasiones. Esto sólo para dar un panorama con respecto a la problemática de contar con una infraestructura adecuada, la cual junto al recurso humano, equipamiento e insumos suelen limitar la oferta de servicios.

En este contexto, es oportuno preguntarse ¿De dónde se estimó la brecha de recursos en ESSALUD?, ¿Se ha considerado las variables poblacionales y de tipo de prestaciones que se brindan a los asegurados? ¿Cuáles son los criterios que han predominado para un cálculo exacto como el presentado por la Presidencia Ejecutiva?

Hacemos estas interrogantes debido a que la OMS ha establecido dentro de sus acuerdos el "Proyecto de estrategia mundial de recursos humanos para la salud: personal sanitario 2030", cuya perspectiva busca acelerar el logro de la cobertura sanitaria universal y los objetivos de desarrollo sostenible, garantizando el acceso equitativo al personal de salud dentro de sistemas de salud reforzados. Así, se establecen objetivos estratégicos destinados a lograr el máximo desempeño, calidad e impacto del personal de salud mediante políticas de recursos humanos para la salud; alinear la inversión en recursos humanos para la salud con las necesidades presentes y futuras de la población y de los sistemas de salud; fortalecer la capacidad de las instituciones en el plano subnacional, nacional y regional y mundial; y reforzar los datos sobre los recursos humanos para la salud, a fin de supervisar la aplicación de las estrategias nacionales y regionales

Este aspecto comprende en nuestro entorno al Seguro Social, dado que es un ente público encargado tanto de la prestación de servicios como de su respectivo financiamiento, y cuyo funcionamiento guarda relación con lo normado por el ente Rector. Dicho esto, existe una postergación de la política de recursos humanos a nivel del Sistema Nacional de Salud que no ha resuelto aspectos como las competencias de los profesionales de la salud, la organización de los servicios y la brecha tecnológica y de infraestructura, situación que alcanza también a ESSALUD, cuyas Gerencias y Oficinas Centrales deberían efectuar una evaluación permanente de recursos, y que, lamentablemente, no han propuesto una política que se actualice de manera continua en relación a la demanda de servicios y mejora de la oferta según los avances tecnológicos.

Dicho esto, debería invitarse a reflexionar en cómo gestionar la dotación de recursos a nivel del Seguro Social, cuyos lineamientos mínimos deben comprender la sistematización de una metodología para el estudio de la brecha oferta-demanda a nivel nacional, que incluya el análisis de la demanda de los asegurados por cada servicio de salud, establecimiento y región, optimizando los recursos en los diversos servicios a nivel nacional, determinando el requerimiento de equipos, instrumental y recursos humanos de acuerdo al nivel de atención y población adscrita, evaluando el proceso asistencial para el uso eficiente y racional de los recursos humanos por grupo ocupacional y con ello la necesidad de los mismos en función a la infraestructura y equipamiento para determinar las posibilidades de oferta de cada establecimiento, así como analizar y ofrecer alternativas que incluyan una política de reubicación y desplazamiento del personal dentro de la Red, entre otros aspectos destinados al fortalecimiento de los anillos de contención en las Redes de ESSALUD.

En este sentido, un estudio real de recursos asistenciales permite contribuir para una definición integral de las necesidades y prioridades de atención de la población -sobre criterios epidemiológicos-, y el cálculo de la brecha oferta-demanda para fines de programación, así como identificar las distorsiones presentes, posibilitando el diseño de estrategias correctivas, en relación a recursos humanos, adscripción de asegurados, presupuesto, entre otros que permitan su adecuada y oportuna atención.

SALUD MENTAL: ¿UNA LUZ ENTRE LAS SOMBRAS?

No hace mucho se ha inaugurado el Centro de Salud Mental Comunitario Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Éste se ha caracterizado por ser el primero de su tipo, pero desde el Ministerio de Salud se ha asegurado que habrá por lo menos 22 centros más, siendo el próximo a inaugurar el de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Desde una perspectiva institucional, se trata de una política que podría lograr un impacto favorable en los jóvenes. Esto en relación de que los trastornos socioemocionales abundan en los campus universitarios peruanos. Al respecto, se afirma que en el Perú, cerca del 30% de los universitarios abandona su carrera por diferentes motivos, de acuerdo a un estudio del Banco Mundial realizado el 2018.

Asimismo, esta política  viene impulsada por las situaciones similares que se observan en varios países de la región. En Colombia, por ejemplo, la tasa de deserción universitaria llegaba al 45% en el año 2008, como consecuencia, entre otros factores, de problemas psicológicos y emocionales. Desde ese momento, el gobierno ha procurado implementar estrategias de detección y manejo de la salud mental en los estudiantes, los cuales han sido analizados para recoger experiencias así como se vienen estudiando alternativas que procuran estimular la continuidad de los estudios de parte de los estudiantes.

Dentro de este contexto, los problemas de salud mental han sido tomados también como una preocupación del gobierno peruano, por la que viene iniciando una serie de acciones para preservarla a nivel de los distintos grupos poblacionales. Cabe aquí hacerse una interrogante: ¿Hasta dónde puede alcanzar la implementación de una política de salud mental a nivel de la colectividad?

Esta preocupación parte desde la certeza que los trastornos mentales empobrecen a quienes lo padecen y a sus familias, llegando a situaciones extremas de abandono y exclusión social, en donde las dimensiones de la carencia, la privación o la marginalidad son los rasgos que habitualmente se destacan. Según la OMS, la depresión prevalece de 1,5 a 2 veces más entre las personas de bajos ingresos; los niños que viven en pobreza se encuentran más expuestos a enfermedades médicas, estrés familiar, apoyo social inadecuado y a la depresión de los padres. Así, la pobreza se asocia con la falta de apoyo y de estimulación, ambientes caóticos, estrés psicológico y disfunción familiar, siendo así los trastornos mentales, los problemas psicosociales y la pobreza parte de un círculo vicioso.

Dicho esto, existe también una fuerte relación de asociación de la enfermedad mental y los problemas psicosociales con otros problemas sociales además de la pobreza, tales como el pobre rendimiento escolar y su deserción en los diferentes estratos, la deficiente productividad en los centros laborales, la inseguridad ciudadana, la drogadicción y su impacto en la familia disfuncional, los medios de comunicación masivos, la corrupción a nivel institucional e informal y la violencia -tanto a nivel grupal como familiar-; que afectan a la comunidad en el desarrollo humano, competitivo y equitativo de nuestro país.

Y es aquí donde el estudio de la salud mental a nivel de la ciudadanía adquiere una responsabilidad política y social, dado que es objeto de estudio de especialidades como la psiquiatría, la cual analiza el proceso de enfermedad-salud mental, y cuyos aportes se convierten en una herramienta que contribuye con alcanzar el desarrollo del potencial humano y social. Dentro de estos aportes, el modelo comunitario de la salud mental viene a ser una herramienta que merece ser profundizada, dado que permite la realización de la teoría dentro de la dinámica histórica, social y territorial. Para ello, se debe incluir de manera estratégica en ésta la gestión del conocimiento en su implementación, a fin de generar nuevos aportes dentro del ámbito científico y tecnológico.

En este sentido, los aportes que se vienen brindando con respecto a la salud mental se deben implementar dentro de las políticas públicas de manera integral, dado su responsabilidad política y social, a fin para incorporar la salud mental como indicador de desarrollo, cuyo monitoreo debe ser permanente y no sólo ligado aspectos de producción, sino en resultados que reflejen la eficacia de estas políticas.

Asimismo, a nivel de las instituciones como las universidades,institutos e hospitales, se deben de adaptar a las innovaciones y aportes que viene rea,izando la Psiquiatría, lo cual  implica replantear los programas de enseñanza, la promoción de la salud mental, la prevención de los trastornos mentales, el diagnóstico integral, el tratamiento holístico y la recuperación del paciente y la familia para lograr - con la aplicación de estos conocimientos- el desarrollo humano y el buen vivir, contribuyendo con el entorno social y ambiental de manera sostenible.