Mediante decreto de urgencia publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Gobierno autorizó la afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS) de toda persona sin ningún seguro de salud residente en el territorio peruano, independientemente de su clasificación socioeconómica. En ésta, se fija medidas urgentes para garantizar el derecho a la salud de esta población, de conformidad con la Ley Marco de Aseguramiento Universal.
De acuerdo a lo señalado por la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), existen cuatro millones de peruanos sin ninguna cobertura de seguro en salud; mientras que el 88.36 % de los ciudadanos ya cuenta con algún tipo de cobertura. Al respecto, el objetivo de este decreto es facilitar el acceso a la población no asegurada a los servicios a través de planes complementarios y esquemas de financiamiento del Seguro Integral de Salud (SIS) y de aquellos cubiertos por el Fondo Intangible Solidario de Salud (FISSAL).
Asimismo, se ha dispuesto la conformación de una comisión multisectorial, de naturaleza temporal, que elaborará la propuesta de actualización del PEAS, de los planes complementarios, así como los criterios de elegibilidad basados en la vulnerabilidad económica, esquemas de financiamiento y arreglos institucionales para la administración y gestión de los recursos.
La interrogante en este punto se basa en que, pasado diez años de la promulgación de la Ley Marco del Aseguramiento Universal en Salud, el Estado aún no ha aplicado un mecanismo efectivo para que estas personas se incluyan en el AUS, Entonces, ¿Cuál sería la estrategia a aplicar para completar la cobertura de la población no asegurada? Esto considerando -como se señalo anteriormente- que la cobertura de afiliación al régimen semicontributivo del SIS varió de 0.18% en el 2009 a 0.52% en el 2019 (tomando como referencia el total de la población asegurada), lo cual significó un corto alcance de cobertura, donde en el 2019 sólo se aumentó la cobertura para aproximadamente 200 mil personas, considerando una brecha de 4.6 millones personas sin seguro de salud.
De acuerdo a lo señalado anteriormente, se requeriría de un incremento fuerte en el presupuesto público correspondiente a salud para el siguiente año, si es que se quiere incorporar a aquellas personas sin seguro de salud al SIS con una cobertura de PEAS. Esto considerando además que existen varios escenarios para estimar el presupuesto adicional para el cierre de la brecha de aseguramiento, esto en relación a lo que se plantee para financiar el costo del PEAS, que incluye el costo que se asigna al SIS y el costo del resto de factores de producción.
Visto los aspectos todavía no considerados para concretar el aseguramiento universal, y ante la conformación del comité multisectorial, consideramos que MINSA, siendo ente rector, debe tomar en cuenta las experiencias de quienes abordan el tema en el llano, esto considerando que la sociedad civil convive diariamente con con las carencias que impiden su acceso. De la misma manera, este objetivo no será completo si no se modifican los lineamientos sanitarios a fin de realizar planes sostenibles a largo plazo, superando las limitaciones que tiene el Sistema Nacional de Salud tanto a nivel de infraestructura, recursos y procesos. Todo ello para garantizar el financiamiento de esta propuesta, para observar una mejora continua en las prestaciones de salud, así como para contar con el respaldo normativo debido a que es un derecho.
Queda por verse entonces si se toman en cuenta estos puntos, siendo momento para recoger las propuestas sanitarias desde más abajo y tener el criterio suficiente para redefinir sus lineamientos, ampliando sus metas y beneficios a quienes más lo necesitan.
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