LA SALUD EN EL MENSAJE PRESIDENCIAL

Por: Equipo de Escuela de Formación Política en Salud - Concertación

En los últimos días, se ha iniciado un debate sobre el alcance de las propuestas presentadas por el presidente Martín Vizcarra en su mensaje presidencial, donde el tema de la salud no ha sido ajeno a la polémica. En el siguiente post procuraremos abocarnos a detallar la posibilidad de avance en este rubro.

Sobre el aseguramiento universal, manifiestó que a 10 años de la promulgación de la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud (AUS), tenemos casi 4 millones de personas sin ningún tipo de cobertura de salud por lo que dispone que, el Seguro Integral de Salud (SIS) afiliará a toda persona que no cuente con seguro de salud, independientemente de la condición socioeconómica.

Al respecto, La Ley de Aseguramiento Universal en Salud (AUS) tenía el objetivo principal de que todo peruano tenga un seguro de salud, sin embargo el modelo que predominó desde entonces es que el SIS sea sólo para los pobres, cuya segmentación de la población era según su capacidad de pago, lo cual en la actualidad evidencia el fracaso de su propósito, tal como de manera soslayada reconoce el mismo presidente. Así, sin una reforma en el financiamiento de salud y en la gestión de los servicios, estas serán sólo buenas intenciones. Eso sin contar que cada fin de año el personal de llano involucrado demanda aumentar su presupuesto para el ejercicio fiscal siguiente, haciendo más inviable la meta propuesta.

Con respecto a los medicamentos, el presidente ha exhortado al congreso a debatir y aprobar el Proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo, donde se ha propuesto que las farmacias y boticas privadas tengan la obligación de ofrecer al público medicamentos genéricos de calidad. 

Resulta preocupante que solo hace unas semanas la Ministra de Salud haya señalado que según la Constitución, los medicamentos no están considerados como elemento esencial de la vida, sino como mercancía, y que por eso existen monopolios, por eso existen estos precios que no se puede muchas veces dar la regulación. ¿Acaso el Ministerio de de Salud (MINSA), como ente rector sanitario, no tiene dentro de sus atribuciones regular los precios de los medicamentos? Esto en relación a que aquí ya se regulan tarifas de servicios de electricidad, gas, agua potable y telecomunicaciones; además, en países con el similar corte económico como Colombia y Brasil ya efectúan regulación del precio de los medicamentos. 

En este contexto, sería oportuno tomar en cuenta las recomendaciones efectuadas por el grupo de trabajo encargado de la revisión y evaluación de los procesos y procedimientos a cargo de la DIGEMID, a fin de contar con personal capacitado para la inscripción y reinscripción de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, la implementación de la Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, la capacitación a los miembros de comités farmacoterapéuticos, entre otras acciones que contribuyan a prevalecer el derecho fundamental a la salud por sobre los intereses comerciales particulares, tal como se expresó también en el mensaje presidencial

Con respecto al tema de la Anemia, el presidente ha manifestado ser consciente que la adecuada protección de la niñez y la adolescencia requiere de la articulación con los gobiernos regionales y locales, habiendo entregado para ello 50 millones de soles a  gobiernos locales de todas las regiones tanto para visitas domiciliarias como acciones de salud integral, obteniéndose que el 63% de niños entre 6 y 11 años reciben tratamiento oportuno para la anemia.

En este caso, ya se han realizado eventos donde se abordó desde diferentes enfoques el problema de la anemia y la desnutrición, donde aún no se ha tomado de manera suficiente la labor intersectorial, esto en relación a que las condiciones de vida insalubres (de vivienda y agua potable, por ejemplo) impiden que haya un mayor impacto en su reducción estadística, por lo cual éstas también deben ser atendidas, acompañadas asimismo de políticas púbicas y sociales efectivas, siendo necesario para ello también la activa participación de la sociedad civil.

En ese mismo sentido, con relación a la alimentación saludable, expresó como un logro la puesta en marcha el reglamento de alimentación saludable, con los octógonos de advertencia en los productos alimenticios, así como los Lineamientos para la Promoción y Protección de la Alimentación Saludable en las Instituciones Educativas Públicas y Privadas.

Si bien es cierto que desde el 17 de junio pasado ya son obligatorias las advertencias publicitarias en alimentos procesados, existen modificatorias como la del Reglamento de la Ley N° 30021 y del Manual de Advertencias Publicitarias que pueden retrasar los efectos de su plena aplicación. Así, la pelea por las advertencias publicitarias en alimentos procesados -llamadas por los poderes fácticos como "octógonos anti industriales" u "octógonos anticapitalistas"- se ha trasladado a la arena política de la salud pública. Todo ello preocupa más aun cuando el año pasado se publicaron los resultados iniciales del estudio de largo plazo, donde se señala que el sobrepeso y la obesidad no solo son comunes en el Perú, sino que van en aumento. 

Sobre la salud mental, el presidente resaltó la aprobación de la Ley de Salud Mental, la cual busca cambiar la forma de atender la salud mental de grandes hospitales a redes locales de establecimientos comunitarios cercanos al primer nivel de atención, proyectando para el 2021 contar con 281 Centros de Salud Mental Comunitarios, 62 Unidades de Hospitalización de Salud Mental y Adicciones en Hospitales Generales, y 170 Hogares Protegidos.

Al respecto, si bien es cierto se cuenta ya con una normativa de alcance nacional, el tema va por el cumplimiento y la implementación correspondiente. Asimismo, existen riesgos y deficiencias en los centros comunitarios debido a que en su mayoría no cuentan con locales propios, los recursos humanos aún carecen de las capacidades y competencias para trabajar bajo ese enfoque, por lo que el trabajo labor interdisciplinario sigue siendo precario, agravado también por una gestión intersectorial burocrática. Esto considerando que la complejidad de la salud mental está atado a determinaciones sociales, que en el país todavía son laberintos sin salida tales como la violencia, la corrupción, la pobreza, la exclusión social y la desintegración comunitaria, mermando la oportunidad para brindar asistencia oportuna.

Todo ello, según lo dicho en el mensaje, será desarrollado a la par con la implementación progresiva de las Redes Integradas en Salud, con prioridad en el primer nivel de atención, contando con el apoyo del Banco Mundial y el BID. De a misma manera, indicó que se continuará con la inversión en infraestructura de nuevos centros hospitalarios e institutos especializados. Concomitante a ello, se ha reglamentado la ley del intercambio prestacional entre el Ministerio de Salud y Essalud, el cual se brindará también a través de servicios complementarios, con la finalidad que los asegurados puedan atenderse indistintamente en cualquier establecimiento. 

Al respecto, el Decreto Supremo aprobado para  optimizar el Intercambio Prestacional viene siendo todavía una declaración de principios, esto debido a que no efectúa un cambio en la sostenibilidad y en el proceso detallado para integrar diferentes entidades públicas prestadoras de salud, aspectos que han sido discutidos en entregas anteriores relacionadas con una problemática similar, tanto a nivel de lineamientos como en el trabajo intersectorial; donde se debe tomar en cuenta la participación de  actores principales como son la ciudadanía y el personal asistencial, testigos de cómo se desenvuelve el Sistema Nacional de Salud y las alternativas que se deben poner sobre la mesa para hacer real el cambio de paradigma.

En suma, son aspectos que en un mediano plazo no son viables sin una convicción de dejar atrás recetas y metodologías que no han causado sino la fragmentación y asfixia del sistema sanitario peruano. Sería bueno preguntarnos quienes son las personas encargadas a nivel del ente Rector de hacer las reformas, como si las políticas se hicieran solo como trabajo de gabinete: sin participación de la colectividad y sin transparencia en la información.