Durante el presente mes, la Contraloría General de la República (CGR) presentó los resultados del Operativo de Control Simultáneo “Por una salud de calidad 2019”, desarrollado del 20 al 24 de mayo del presente, donde se efectuó un proceso de verificación de la gestión sanitaria y atención de emergencias en los establecimientos de salud públicos del segundo y tercer nivel de atención, el cual comprendió la consolidación de los resultados derivados de la Visita de Control efectuada a 248 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPRESS) ubicados en las 25 regiones del país.
En el informe presentado, durante la ejecución del servicio de Visita de Control a estos establecimientos, se han advertido 18 situaciones adversas que afectan la continuidad del proceso de atención a los usuarios, las cuales han sido detalladas -entre otros- en los rubros de uso de indicadores de gestión, cumplimiento de normativas, categorización, levantamiento de observaciones anteriores, presupuesto, adquisición de insumos, equipamiento y medicamentos, infraestructura, programación y disponibilidad de recursos humanos, atención en áreas críticas (emergencia y centro quirúrgico), prevención de desastres, saneamiento y bioseguridad.
Lo que llama la atención es que, a pesar de la información recogida durante esta actividad, el Contralor General de la República haya afirmado que el problema de la mala atención en los hospitales sea solamente "un tema de gestión" y que "no se necesita plata" para solucionarlos, sustentando para ello que en aquellos hospitales visitados no se ha detectado una correcta organización con roles de atención.
Y es aquí donde parten varias interrogantes: ¿No será que la CGR, siendo ente supervisor, debe analizar de forma más amplia la información recogida? esto considerando los datos brindados en el informe, donde se evidencia que existe un problema de sostenibilidad financiera que no se advierte dentro de las observaciones señaladas. En este contexto, ¿No sería ésta una oportunidad de modificar los lineamientos económicos respecto al presupuesto dedicado a la salud? esto en relación a las carencias y limitaciones que tiene el Sistema Nacional de Salud tanto a nivel de infraestructura, recursos y procesos. Y en consecuencia ¿No debería la Contraloría señalar que estas deficiencias deben empujar a un nivel de resolución ejecutivo y no sólo a nivel asistencial? esto dado que, para asegurar el cumplimiento de la provisión de recursos, es necesario también garantizar un soporte legal producto de una decisión política, para con ello promover una mejora continua en las prestaciones de salud, las cuales deben contar también con la participación de la ciudadanía.
En este sentido, el hallazgo de la Contraloría va más allá de un problema de gestión, pues compromete también a tener garantías de un financiamiento permanente e in crescendo, además de adoptarse a las necesidades de la ciudadanía, aspectos que nunca han sido considerados por los gobiernos de turno.
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